Tendrá que denunciarse antes de tres meses de realizarse el pago.El PP
convalida la 'amnistía fiscal' con el apoyo de CiU, UPN y Foro.Los
titulares de cuentas en el extranjero tendrán la obligación legal de
informar al Ministerio de Hacienda.
El Ministerio de Hacienda perdonará la sanción al pagador o receptor de pagos en efectivo superiores a 2.500 euros cuando éste comunique el fraude a la Agencia Tributaria dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes un anteproyecto de ley que contempla multas tanto para el pagador como el receptor de pagos en efectivo superiores a 2.500 euros, sanción que se fijará en el 25% del pago hecho en efectivo.
No obstante, si una de las partes que haya intervenido en la operación lo denuncia ante la Agencia Tributaria dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago,
Hacienda no aplicará entonces la sanción a la parte que lo haya
comunicado, según informaron fuentes conocedoras de la normativa.
Pagados y receptor
Asimismo, tanto pagador como receptor responderán de manera solidaria por la multa del 25% y ésta no eximirá de otros delitos que puedan ser detectados, como facturas falsas o rentas no declaradas, entre otras cosas.
Esta medida entrará en vigor de forma inmediata,
tal y como ha dicho el Gobierno, aunque también ha avanzado que otras
iniciativas incluidas en el mismo texto empezarán a funcionar en 2013
porque es mejor que coincidan con el inicio de un año natural.
Una
de estas iniciativas podría ser la que obligará a los ciudadanos a
informar a los organismos tributarios de todas las cuentas abiertas en
entidades financieras en el extranjero, anunciada este jueves por el
ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
Asimismo,
se incluirá el deber de toda autoridad o funcionario público de
denunciar los incumplimientos de los que tengan conocimiento en esta
materia. Además, se incluirán otras iniciativas para completar el plan
de lucha contra el fraude para el año 2012, con el que el Gobierno pretende recaudar 8.170 millones.
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