Según las estimaciones si se aprueba este gravamen se podrían recaudar 3.000 millones
de euros, la mitad de los cuales debería destinarse a las comunidades
autónomas que, a su vez, estarían obligadas a gastar el 75% de ese
dinero en sanidad, educación y servicios públicos esenciales.
El PSOE propone este impuesto como sustituto del actual Impuesto sobre el Patrimonio.
Este nuevo impuesto debería "gravar la capacidad económica derivada
de la riqueza, independientemente de dónde esté invertida, de acuerdo
con una serie de criterios", si bien tiene que incluir "mínimos exentos
en las cuantías necesarias para excluir a los contribuyentes con un
patrimonio medio, así como la titularidad de la vivienda habitual hasta
el valor máximo que se determine".
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