El tribunal tumba diversos artículos del reglamento lingüístico del Ayuntamiento de la ciudad.
El tribunal tumba diversos artículos del reglamento lingüístico del Ayuntamiento de la ciudad
En
las oficinas de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Barcelona, la
mayor parte de los impresos son bilingües. A un lado, en catalán y al
otro, en castellano. Los funcionarios que atienden a los ciudadanos
también suelen contestar en castellano o catalán, en función del idioma
que se utiliza en el saludo. Eso ocurría ayer en las oficinas de
atención del Consistorio barcelonés de la plaza de Sant Miquel, donde no
se entendía el revuelo que ha generado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) conocida ayer, que anula, en parte, seis artículos del reglamento del uso del catalán del Ayuntamiento.
El fallo estima en parte un recurso presentado por el presidente del Partido Popular en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, contra el citado reglamento, que se aprobó en febrero de 2010 con el voto favorable de cuatro partidos del Consistorio.
La sentencia del Tribunal Superior toma como referencia la que emitió
el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto. En esa línea, por
ejemplo, anula del artículo 2 del reglamento el término de “preferente”
en el uso del idioma catalán en el trabajo y en las relaciones con el
ciudadano. Entiende que el uso del catalán “como lengua propia de uso
normal no afecta ni excluye al castellano como lengua igualmente
oficial”. Y el uso del término preferente es, en opinión de los jueces,
“inadmisible”.
Impresos bilingües
El fallo declara nulos diversos apartados de otros artículos del
reglamento, porque el tribunal considera que en todos ellos es el
ciudadano el que tiene que hacer el esfuerzo para que la Administración
se dirija a él en castellano si esa es su lengua. Argumenta también que
los impresos e información deben facilitarse en las dos versiones. Es
decir, en castellano y en catalán. Y eso es lo que ocurre en la mayor
parte de las comunicaciones e impresos en la realidad, más allá de lo
que dice el reglamento. La sentencia insiste en que el uso del catalán
no puede pasar por encima del derecho del ciudadano a ser contestado en
castellano: “En los procedimientos iniciados a instancias de parte, hay
que respetar la elección del ciudadano”.
“Pero esto ya se hace con normalidad. Por tanto, entendemos que no
hay que modificar nada”, apuntaba el primer teniente de alcalde, Joaquim Forn,
al comentar el fallo, que el Consistorio recurrirá al Supremo. En su
opinión, los efectos prácticos del fallo no existen, porque la
Administración ya respetaba el derecho del ciudadano a expresarse en una
u otra lengua. Tanto el gobierno de CiU como el resto de los partidos,
salvo el PP, criticaron la sentencia por crear un problema “donde no lo
hay”.
El fallo solo satisfizo al PP. El resto de las formaciones, sin
excepción, lo criticaron. “Se está produciendo una coalición hostil
entre los jueces y el Partido Popular en contra del catalán”, subrayó Ricard Gomà,
de ICV-EUiA. En cuanto a los efectos prácticos, también hubo acuerdo en
que son más bien pocos más allá de omitir el término preferente del
artículo 2. “Una vez más, se ve un conflicto donde no lo hay. Con
independencia de los términos exactos que se usan en el reglamento, no
hay problema de relación entre el ciudadano y este Ayuntamiento”,
manifestó Jordi Martí (PSC). Para Jordi Portabella (UxB), lo que ocurre es que el PP quiere “ganar en los tribunales lo que no gana en las elecciones”.
El TSJC dio a conocer ayer otra decisión relacionada con el uso del
catalán en la escuela. El tribunal ha reconocido el derecho de cuatro
familias a que la escolarización de sus hijos en castellano sea la
lengua vehicular en la enseñanza en la misma proporción que el catalán.
En calidad de lenguas oficiales, los magistrados consideran que el
castellano y el catalán deben ser lenguas vehiculares. Con todo, señalan
que es la propia Administración la que debe adoptar las medidas que
considere “oportunas” para garantizar ese equilibrio. La sección quinta
de la sala contencioso-administrativa del TSJC basa su decisión en las
recientes sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional
sobre esa materia.
Esa misma sección fue la que, el año pasado, dictó un auto en el que
daba un ultimátum de dos meses a la Generalitat para implantar el
castellano como lengua vehicular en las escuelas. La decisión fue
corregida después por el pleno de la sala contenciosa del TSJC, en un
auto del pasado marzo que avaló la inversión lingüística aunque
reconoció el derecho de los alumnos a recibir atención individualizada
en castellano.
El polémico auto se dictó en relación con un recurso presentado por
otras tres familias, aunque daba a entender que la medida debía afectar a
la totalidad del sistema público de enseñanza. Las cuatro sentencias
que se conocieron ayer, en cambio, subrayan que la Generalitat debe
adoptar las medidas necesarias para adaptar el sistema en la medida en
que “afecte al niño”. El principio se refiere solo a los recurrentes y
“en absoluto alcanza a otros padres, alumnos y centros radicados en
Cataluña”.
La Generalitat anunció que recurrirá las sentencias porque considera
que ponen en peligro el modelo catalán de inmersión lingüística. La
consejera de Enseñanza, Irene Rigau,
sostiene que las decisiones judiciales dan pie a la “interpretación” de
que la educación en castellano como lengua vehicular “se puede pedir en
cualquier momento de la etapa educativa”, lo que contradice la Ley de
Educación de Cataluña y supone una “grieta” en el modelo educativo,
informa Ivanna Vallespín.
En relación con las cuatro familias demandantes, Rigau aseguró que
los dos alumnos que actualmente cursan P-5 ya están recibiendo la
atención personalizada en castellano, mientras que hay un tercero que
cursa secundaria y la Generalitat no prevé que necesite refuerzos. Sobre
el cuarto alumno, en segundo curso de primaria, considera que “ya ha
recibido” la atención individualizada que requería y ya está listo para
recibir una educación “normal”, ya que en esa etapa no precisa de más
refuerzos de castellano, según la consejera.
Reflexión del Blogger:
Con estos actos lo único que incitan es al odio que se produjo durante los casi 40 años de Dictadura Franquista.
Estamos estamos de acuerdo que todas las lengüas co-oficiales del estado deben ser tratadas de la misma forma y el mismo respeto a hacia sus ciudadadnos.
Pero, con los problemas que tenemosen en el país actualemnte, preocuparse de estos temas, lo único que hacen es increpar más la situación de los ciudadanos,.o intentar desviar la atención de éstos ,...de lo que se avecina con la crisis....
Desde Nuestro parecer, en ESTADO DEMOCRÁTICO, creemos que como ya hemos dicho más que ayudar retrocedemos en el paso de estar más unidos en una España común.
en algún lugar de españa , 02 de junio de 2012
@est_democratico
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