Esta medida obligará a todos los que hayan abandonado el país en busca de mejor suerte a contratar servicios de sanidad privada fuera de nuestras fronteras o a renunciar directamente a la atención médica. También una vez retornen al país estarán excluidos del sistema sanitario hasta que consigan un nuevo contrato de trabajo, ya que, una vez pasados 90 días desde su marcha, serán considerados como no residentes y no tendrán derecho a ser atendidos en los hospitales del país.
Tras estas enmiendas, aprobadas con la mayoría absoluta del PP, se darán de baja de la Seguridad Social cientos de miles de emigrantes españoles que han salido del país para encontrar un trabajo en el extranjero forzados por los altos niveles de desempleo, y cuando regresen (si es que lo hacen) se encontrarán con la necesidad de contratar un seguro médico privado.
El cambio hecho a la Ley 16/2003 de “Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud” modifica la letra d) del apartado 2 del artículo 3 de la ley, determinando que “tendrán la condición de asegurado” quienes se encuentren en la situación de “haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza, encontrarse en situación de desempleo, no acreditar la condición de asegurado por cualquier otro título y residir en España”.
Es precisamente esta última frase referida a la residencia en el país la que afecta a los exiliados por motivos laborales, junto con la nueva disposición adicional al Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que determina la “pérdida de residencia a efectos de prestaciones de la Seguridad Social” y donde se indica que “el beneficiario de dichas prestaciones tiene residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el extranjero siempre que estas no superen los 90 días a lo largo de cada año natural”.
Teniendo en cuenta la dinámica de emigración a otros países que lleva produciéndose desde el comienzo de la crisis y especialmente en los últimos dos años, el número de nuevos excluidos de la Seguridad Social podría ser de gran magnitud.
Solo el último año 600.000 personas han abandonado el país, entre ellas los “jóvenes aventureros”, como son considerados los exiliados por la ministra de Empleo Fátima Báñez;700.000 entre 2008 y 2012. Ahora, a las dificultades de la “aventura”, se suma también el riesgo a perder la sanidad pública en su país de origen. Una nueva traba para la juventud española forzada a la “Movilidad Exterior” por la difícil situación de crisis en España y las políticas de empleo del Gobierno del Partido Popular.
Según Médicos del Mundo, ya antes de esta ley España excluía diariamente a casi 2.500 personas del sistema público de salud, cuando la excepción a recibir la prestación médica solo se aplicaba a inmigrantes de otros países en España. Ahora, con esta nueva medida, el sistema público dejará de proteger también a los expatriados aun cuando vuelvan a España si han pasado más de tres meses desde su marcha.
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